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Derecho Penitenciario > Jurisprudencia

Jurisprudencia

Organo Judicial: Audiencias Provinciales
Tipo de disposición: Auto
Resumen: AP Navarra 05/05/2000. COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL JVP. LIBERTAD CONDICIONAL. Estimado el recurso del Ministerio Fiscal. El Juez de Vigilancia, ante comparecencia del interno en la que solicita la libertad condicional, dicta providencia en la que si bien no concede la libertad, acuerda la progresión a tercer grado en su modalidad abierta ordenando al centro penitenciario que elevara el correspondiente expediente para libertad condicional. El Ministerio Fiscal recurre esta resolución basando su oposición en la falta de competencia del Juez. La Sala declara la nulidad de la providencia al considerar que el artículo 76.2.f de la LOGP no ha conferido al Juez de Vigilancia competencia para resolver las propuestas de la Administración Penitenciaria o de aprobarlas en dicha materia, sino la de resolver los recursos que se promuevan contra los acuerdos recaídos en virtud de tales propuestas. No concurre un presupuesto procesal fundamental, cual es la competencia objetiva del Juez de Vigilancia en supuestos de clasificación inicial, progresiones y regresiones de grado, cuya ausencia conlleva la nulidad de pleno derecho ex art. 23.8 de la LOPJ. Además la existencia del expediente de clasificación incoado por la Administración Penitenciaria, donde constan los correspondientes informes, es un elemento indispensable para lograr la efectiva tutela de los derechos del interno, ya que tales informes, cuyo examen y valoración es preceptiva para el órgano jurisdiccional, permiten que este tome cabal conocimiento para la valoración de los factores exigidos en cada caso. De no seguirse el procedimiento previsto en el artículo 76.2.i, no solo el Juez de Vigilancia actúa sin competencia, sino que la decisión que adopte difícilmente será acertada. En cuanto al alegato efectuado sobre la supuesta desviación de poder en la actuación del centro penitenciario, si bien una corriente jurisprudencial viene flexibilizando el rigor anterior que exigía una prueba absoluta y plena, si que se debe en todo caso presentar una acreditación que permita al Tribunal fundamentar su convicción, y en este caso, no se concretan los supuestos hechos ni mucho menos se acreditan.
Número: 22/2000
Fecha: 05-05-2000
Documento PDF: PDF 431 KB

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