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XVI Encuentros Estatales de Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria

Ourense, 13-15/11/2014


CHAPEAU, CAXPOU … ET ALL!
Comisión de Asistencia Xuridica Penitenciaria de Ourense


Tras la protocolaria inauguración por parte de responsables de distintas instituciones políticas (Diputación Provincial y Concello de Ourense) y profesionales (Presidente del Consejo General de la Abogacía Española y homólogos del Consello de la Avogacia Gallega y del Decano del ICA Ourense), empezaron las Jornadas propiamente dichas a media mañana del jueves día 13 de noviembre.

 

CONFERENCIA SOBRE “LA POLITIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN PENAL. EL INDULTO”

 

Para abrir boca, los 140 abogados participantes (46 del Colegio de Ourense y 94 de otros), en representación de 26 en total, tuvimos ocasión de escuchar a José Antonio Martín Pallín, abogado en ejercicio, ex fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, disertando sobre este sugerente tema.

Frente a tesis partidarias de su supresión pura y dura por considerar esa medida de gracia como una institución arcaica en su origen y arbitraria en su gestión por el Gobierno de turno, algo por otra parte indudable, Martín Pallín se inclina por ajustarla a la época, exigir que siempre esté motivada su concesión o denegación y que a la misma, tanto si es parcial como si lo es por el total de la pena, tengan acceso en plano de igualdad los penados.

 

En su opinión, hechos y penas ligados mecánicamente sin tener en cuenta las circunstancias personales o sociales pueden llevar, como desgraciadamente sucede demasiado a menudo, a la imposición de penas desorbitadas o a la ejecución extemporánea de otras. Son contadas las causas en que los Tribunales sentenciadores proponen el indulto como último recurso para modular el reproche penal que la comisión de un delito acarrea.

 

A lo largo del debate se resaltó que los art. 21 y 22 de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, permiten también al Gobierno (en este caso Instituciones Penitenciarias) pedir su concesión:


“Artículo 21
Podrá también el Gobierno mandar formar el oportuno expediente, con arreglo a las disposiciones de esta ley, para la concesión de indultos que no hubiesen sido solicitados por los particulares ni propuestos por los Tribunales de Justicia.

Artículo 22
Las solicitudes de indulto se dirigirán al Ministro de Justicia por conducto del Tribunal sentenciador, del Jefe del establecimiento o del Gobernador de la provincia en que el penado se halle cumpliendo la condena, según los respectivos casos.”


Tal iniciativa es, sin embargo, desconocida en la práctica, pese a que IP tiene a su disposición unos Expedientes en los que constan todas las circunstancias que en algunos casos le habilitan para ello.

Redactando estas líneas encontré los siguientes gráficos y cifras en el diario EL PAÍS (10/11/2013) que hablan por sí solos:


Foto



La realidad por su parte irrumpió en este debate con un tema de portada en los medios de comunicación: la clasificación en tercer grado penitenciario del expresidente balear, Jaume Matas (PP) por Instituciones Penitenciarias, pese a la oposición de la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia y del Ministerio Fiscal. De esta forma, el exdignatario cumpliría en régimen abierto (pernoctando en la cárcel) una pena de 9 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en el primer juicio del caso Palma Arena.

El revuelo social provocado por esa medida administrativa es comprensible, por cuanto abunda en la percepción de que “no todos somos iguales ante la ley” y que hay determinados sectores sociales que, por una u otra vía, esquivan la entrada en la cárcel, es decir, que en la práctica acaban impunes.

El colectivo de abogados que trabajamos en las cárceles lo vemos desde otro punto de vista, el de muchos internos con penas parecidas o incluso menores, primarios y sin cuentas pendientes con la jurisdicción penal (lo que no es el caso del Sr. Matas). Ellos a diferencia del Sr. Matas, y así podemos verlo un día tras otro, están estadísticamente condenados a cumplir la integridad de sus penas clasificados en segundo grado, es decir, sin salir de prisión.

Si al Sr. Matas se le puede conceder, hay otros muchos internos que deberían tener también acceso al tercer grado de clasificación desde un primer momento. Que no sea así sirve para alimentar la percepción social de que la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos no pasa de ser un principio hueco, también en la Ejecución penal.

Finalizadas ya las Jornadas, el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha acordado revocar ese tercer grado inicial. Ahora bien, mientras la Audiencia Provincial de Baleares en la que fue condenado se pronuncia, el Sr. Matas disfrutará de una semilibertad que para muchos internos nunca pasará de ser un sueño, por mucho que reúnan los requisitos marcados por la normativa penitenciaria para obtenerla.

 

TALLERES Y DEBATE SOBRE “POLÍTICA DE SALUD PENITENCIARIA”
Y “POLÍTICA DE REINSERCIÓN. TRABAJO PENITENCIARIO”

 

El de Salud Penitenciaria fue coordinado por Isabel Mora (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), con la participación del médico del CP de Ourense y el de Reinserción y Trabajo Penitenciario lo fue por David Burgos Marco y Luis Aniento Esteban (SOAJP Zaragoza), con la participación de Luis Miguel Sanguino Gómez (ICA Madrid). En el debate posterior contamos con la presencia del Subdirector General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria y el Gerente de la entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, en adelante TPFE).

 

Como era de esperar, estos dos altos funcionarios de Instituciones Penitenciarias defendieron con entusiasmo y en ocasiones vehemencia la actuación de la Administración, sin disipar, eso sí, una creencia firmemente arraigada en nuestro colectivo: que a la privación de libertad de los internos se suman limitaciones indebidas de sus derechos en materias como la salud o el trabajo.

En el tratamiento de la enfermedad en las penitenciarías, tanto dentro de ellas como en las consultas especializadas ú hospitales de los Servicios Públicos de Salud,  los penados sufren incidencias mil, como repentinos traslados de centro, que dejan sin efecto citas anteriores o que impiden o dilatan el acceso a determinados tratamientos.

Mención especial fue la polémica sobre la competencia en la dispensación en los CPs de los exitosos nuevos fármacos (entre ellos, simeprevir y sofosbuvir) contra la Hepatitis C. Según el cualificado portavoz de IP, el problema radica, en éste como en otros de asistencia especializada, en que las Comunidades Autónomas se resisten a asumir las transferencias que marca la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:

 

“Transferencia a las comunidades autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias.

Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.

A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía.”


Más de 10 años después de la entrada en vigor de la ley, no es de recibo que sea la salud de los internos la que sufra las consecuencias de los conflictos entre Administraciones. La excepción hasta el momento ha sido Euskadi-Comunidad Autónoma Vasca que a partir del 1 de julio de 2011 asumió el traspaso y los integró en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (Real Decreto 894/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de sanidad penitenciaria).

 

En cuanto al tema laboral, el Gerente de TPFE desmintió que hubiera diferencias retributivas en los distintos CP por un mismo trabajo, ya que las mismas son anualmente fijadas cada diciembre por el Consejo de Administración de TPFE con referencia en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, nos dijo, combinan criterios de producto y servicio realizado. Estos llamados módulos retributivos son públicos y, nos informó, están colgados en la web (http://www.tpfe.es). En todo caso, hasta la fecha de este escrito los intentos de encontrarlos por parte de varios letrados han sido baldíos, quizás por nuestras limitaciones funcionales. Si algún lector tiene más éxito, convendría se les diera la máxima difusión en los SOAJP.

 

Es el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, el que regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de seguridad social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad (BOE núm. 162 de 7 de julio de 2001). A su cobijo, el mismo trabajo en prisión, tanto si es para producir para el exterior del CP, como si es para productos necesarios en la vida diaria del CP o en servicios imprescindibles para su funcionamiento, tiene una retribución notoriamente inferior a la estipulada en los Convenios Colectivos por la misma actividad laboral. Avanzar en una normalización y dignificación salarial es un objetivo primordial, máxime cuando estos ingresos suelen atender no sólo los gastos en prisión sino los de la familia y, en su caso, el abono de eventuales responsabilidades pecuniarias.

Son reiteradas las Sentencias que, ante la finalización de la relación laboral especial por iniciativa de IP, niegan la institución del despido y hablan de “extinción”. Sin embargo, una Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo establece que la decisión extintiva ha de estar siempre fundamentada, no valiendo referencias genéricas, abriendo la puerta para mejor articular la defensa de los derechos laborales del penado, Sentencia  de 11 de diciembre de 2012.
http://www.derechopenitenciario.com/jurisprudencia/jurisprudencia-ficha.asp?id_jurispru=1882&ficha=FICHA&buscar=S&pg=

Finalmente, la discusión gravitó sobre la posibilidad de que los internos participen en actividades sindicales y puedan realizar huelgas. El no rotundo de la Administración acogiéndose a que ambas constituyen una alteración del buen orden penitenciario, chocó con los participantes en este debate, ya que en lugar alguno de nuestro ordenamiento jurídico se les vedan, y, al menos por ahora, lo que no está prohibido tiene que ser autorizado.

 

TALLERES Y DEBATE SOBRE “POLÍTICA DE SEGURIDAD PENITENCIARIA. MALOS TRATOS EN PRISIÓN” Y “POLÍTICA DE TRATAMIENTOS CONDENAS CORTAS. ASOCIACIONES EN PRISIÓN”

En la mañana del viernes día 12, el de Seguridad Penitenciaria fue  coordinado por Valentín Aguilar Villanueva (SOAJP Córdoba), con la participación de Carlos Hernández (Cooordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura y miembro de SALHAKETA Bizkaia) y Berta Uriel La Torre (vocal del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura), mientras que el de Política de Tratamiento lo fue por Charo Fraguas Pérez (SOAJP Pamplona/Iruña), con la participación de Benito Pérez Bello, abogado y juez en excedencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 de Barcelona.

El art. 1 de Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Aprobada por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987) define así la tortura:

“se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”


Maldita como es la mención de la existencia de torturas y malos tratos en el Estado español, lo cierto es que existen y los Centros Penitenciarios no son espacios libres de ellos. Sobre esta materia, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) elabora anualmente Informes sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español, disponibles en http://www.prevenciontortura.org.

Según el Informe 2013, fueron 252 las denuncias presentadas por torturas y malos tratos, afectando a 527 personas. Si bien respecto a años anteriores ha habido una reducción de las personas afectadas, el nº de casos viene manteniéndose más o menos estable.

Las cifras de fallecimiento bajo custodia (en 2013 fueron 47, según la CPDT) son también preocupantes. Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2013, la CPDT tiene constancia directa de 536 fallecimientos en estas circunstancias. La aplastante mayoría no merece reproche penal y las hay consecuencia de accidentes “inevitables”, pero la CPDT insiste en que algunas se deben a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico-sanitarias de la misma. Son problemas a los que hay que dar cara para reducir al mínimo tan triste cifra.

En esta materia, entre los objetivos de los SOAJP se encuentra la correcta aplicación en el Estado español de los mecanismos de prevención y control previsto en el “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 77/199, de 18 de diciembre de 2002. Entrada en vigor: 22 de junio, 2006),  teniendo como referencia el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con fecha 9 de agosto de 1999.

La discusión sobre las Penas cortas de prisión fue jugosa, partiendo de una cruda realidad: la dinámica penitenciaria se traduce en que la gran mayoría de los internos que las cumplen lo hacen en su integridad al no existir un sistema de clasificación diferente al resto de las condenas y los requisitos para acceder al tercer grado son los mismos que a quienes tienes condenas largas.

El período de observación, dependiendo de la cárcel, suele demorarse unos dos meses antes de la clasificación inicial y que las estadísticas demuestran que casos como el del Sr. Matas son poco menos que inauditos. Abocados a recurrir en Queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, muchos internos se encuentran con que para cuando éste resuelve tienen la pena prácticamente cumplida.


Quedó en evidencia durante el debate que no se aplican las orientaciones de la circular 9/2007, de 21 de mayo de 2007, de la DGIIPP sobre “CLASIFICACIÓN Y DESTINO DE PENADOS. RÉGIMEN CERRADO. RÉGIMEN ABIERTO. INFORMES”.

En su apartado 2.2 CLASIFICACIÓN EN TERCER GRADO, el subapartado 2.2.1 enuncia unos principios generales cuya proclamación no se traduce en hechos:

“(…) El art. 72 de la LOGP establece de forma clara que, siempre que reúna las

condiciones para ello, un penado podrá ser situado inicialmente en un grado superior sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden, no debiéndose retrasar su progresión de grado, cuando por la evolución de su tratamiento sea merecedor de ello.

El tercer grado de tratamiento no es un beneficio penitenciario. Es una modalidad ordinaria de cumplimento de condena, a la que deben ir destinados, bien inicialmente o cuando su evolución así lo permita, todos aquellos internos que presenten una capacidad de inserción social positiva.

El fundamento del régimen abierto, va más allá de la simple suavización de penas. El régimen abierto se configura como un medio importante de apoyo a la socialización de aquellos sujetos, que, en su trayectoria vital, cuentan con una auto responsabilidad suficiente que justifique la ausencia de controles rígidos en el cumplimiento de sus condenas.

El régimen abierto, en consecuencia, no debe ser concebido como el proceso final de la intervención penitenciaria para aquellos internos ya adaptados socialmente, sino como el marco desde el que conseguir, más eficazmente, una intervención comunitaria que potencie las posibilidades de reintegración social. ( …)”

Si hay alguna excepción, contada por otra parte, se produce en casos de condenas muy cortas (meses) por delitos contra la seguridad vial cuando los condenados tienen un entorno social muy normalizado.

Es en Catalunya, única Comunidad Autónoma a las que se han transferido las competencias penitenciarias, donde hay un enfoque más proclive a tratar de conseguir que el ingreso en prisión, traumático como es por sí sólo (y más en el caso de internos por la comisión de un primer delito o por penas menores incluso de un año), lo sea por el menor tiempo posible antes de acceder a distintas variantes del tercer grado ó, incluso, la libertad condicional.

Al parecer, se han llegado a dar incluso situaciones en que antes del ingreso voluntario por parte de los penados se ha recogido la documentación que acredita las circunstancias personales, laborales, etc. a fin de que la Junta de Tratamiento se pronunciara a la mayor brevedad.

En estos momentos, está en discusión con la Generalitat, nos informó el Juez de VP en excedencia Benito Pérez Bello, un Protocolo para abordar esta situación.  Es público y notorio que carece de ningún sentido ni reporta beneficio alguno a la sociedad ni se obtiene resocialización alguna por el ingreso en prisión de penados cuyos perfiles de reincidencia son bajos o mínimos incluso. Malamente va a resocializarse a alguien que nunca ha dejado de estar socializado por mucho que haya cometido un delito de poca monta y mínimo reproche penal.  

En lo referente a las Asociaciones en prisión, todas lo hacen a través de un convenio firmado con la prisión y ratificado por la Dirección General de  Instituciones Penitenciarias. El panorama general es que efectivamente en todas las prisiones entran asociaciones de fuera a realizar tratamientos, generalmente de drogas y
sanitarios, siendo contadas las de tipo cultural y otras varias. La persona intermedia suele ser el subdirector/a de tratamiento, aunque en una de las cárceles lo son los servicios sociales

En casi todas las prisiones hay división por módulos, siendo muy pocos los de tratamiento específico, que suelen ser los de las adicciones a drogas. En ocasiones estos tratamientos son interrumpidos por traslados  o comportamiento del interno y son los centros junto con las asociaciones quienes eligen a los internos que acuden
a las terapias de las asociaciones externas.

 

 

“ANTE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. ASPECTOS PENITENCIARIOS Y ASPECTOS DE EJECUCIÓN PENAL. MEDIDAS DE SEGURIDAD”

 

La última reforma del Código Penal anunciada a bombo y platillo por el Gobierno del PP no acaba de ver la luz y, de hecho, quien fuera su muñidor, el fiscal en excedencia Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia desde 2011, dimitió hace unos meses tras el abandono gubernamental de una “reforma” del derecho al aborto que hubiera devuelto la legislación española a la situación de hace décadas.

Como aún no se ha concretado, es aventurado perfilar todas sus consecuencias prácticas sobre la ejecución penal, pero no lo es tanto discutir sobre su idea-fuerza: el endurecimiento de las penas y su cumplimiento. En realidad se trata de una opción política de política penal y penitenciaria que no encuentra soporte ni en los índices de criminalidad en el Estado español, que en los últimos años está teniendo una tendencia a la baja, ni en el sistema de ejecución de penas, bien alejado de la lenidad que a menudo se propaga por la sociedad.

Algunas de las reflexiones planteadas por José Ángel Brandáriz García (Profesor Derecho Penal Universidad A Coruña) con rotundo soporte estadístico y que surgieron en el debate fueron:

  1. La población penitenciaria ha disminuido desde 76.000 en 2010 a algo menos de 66.000 a finales de este 2014.
  2. La tasa de criminalidad registrada en media anual ha descendido desde el 51,2 (2007) a 46,1 (2013).
  3. La tasa de preocupación por el delito en media anual se ha reducido de 15,1 (2007) a 2,7 (2013).
  4. La pena media de cumplimiento en prisión creció desde 17,3 meses (2008) a 19 meses (2011).
  5. Entre 2009 y 2014, la proporción entre población reclusa española y extranjera se ha mantenido estable, quizás con una pequeña tendencia al alza de la española.



Para hacer justicia a las reflexiones de este mismo autor sobre la introducción de métodos gerenciales y actuariales en las políticas punitivas, remitimos a “La difusión de lógicas actuariales y gerenciales en las políticas punitivas”, artículo publicado en INDRET nº 2 Revista para el Análisis del Derecho (A Coruña, 2014). http://www.indret.com/pdf/1038.pdf

 

En cuanto al fondo de la Reforma, cuyo alumbramiento se demora una y otra vez, el debate auspiciado por las reflexiones de Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno se movió en el terreno de una profunda y radical crítica de la misma. Reaccionar retocando el Código Penal a golpe de los titulares de prensa, sin una reflexión serena, se ha plasmado en la pésima costumbre de incrementar la penalidad y endurecer el cumplimiento.

Hoy es el día, por poner un ejemplo, en que no ha desaparecido de los textos que se manejan la pena perpetua revisable para algunos delitos graves, su puesta en práctica sería una marcha atrás lamentable. Las estadísticas penitenciarias de los Estados Unidos, con pena de muerte en muchos Estados y perpetua en todos, son un buen ejemplo de cómo el castigo por duro que sea no es un factor disuasorio ni tiene transcendencia significativa en las tasas de criminalidad.

 

Críticas a la reforma hay muchas, en este sentido, este mismo autor realiza reflexiones interesantes al respecto en "La introducción de la libertad vigilada en el derecho
penal español: ¿hay motivos para el escándalo?
".

 

LAS OTRAS CARAS DE LAS XVI JORNADAS

Al escribir este artículo he pretendido reflejar sin ánimo exhaustivo ni tampoco aséptico, las discusiones y debates mantenidos, a la espera de la Subcomisión de Derecho Penitenciario difunda en los próximos meses las Ponencias, conclusiones, recomendaciones y propuestas alcanzadas.

Pero hay otro aspecto que no puedo pasar por alto: el ímprobo trabajo de l@s integrantes del CAXPOU, ante l@s que me descubro. La organización fue tan precisa como la maquinaria de un reloj suizo (de los de antes), lubricada también por la dedicación, entusiasmo y amabilidad de todos ellos. Esker anitz!

En Ourense, como en ocasiones anteriores, la agenda formal fue completada por la informal, por los encuentros entre los participantes, por los intercambios de experiencias, sin horarios, que enriquecen siempre esta tipo de encuentros y reponen las pilas para continuar un trabajo mucha veces desconocido pero imprescindible.

¡Ah! ¡Se me olvidaba! Llovió. ¿A alguien le importó? Y menos a los que se/nos sumergieron en sus espectaculares termas al aire libre…

Domingo Talens

 

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